El Gobierno negociará la condonación de la deuda autonómica antes de abrir el melón del 'cupo catalán'
Anuncia la convocatoria en enero de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para desbloquear la asunción por el Estado de parte de la deuda acumulada por las comunidades autónomas
Plantea «acordar entre todos» un nuevo modelo de financiación autonómica para cuya negociación no pone fecha
Enredado desde hace meses en los vericuetos del controvertido acuerdo entre PSC y ERC para regular un sistema de financiación específico para Cataluña, que rechazan en bloque el resto de comunidades autónomas de régimen común, el Gobierno ha decidido optar por dar un paso ... atrás en ese espinoso debate y devolver al foco de la actualidad la prometida condonación de la deuda autonómica sobre la que existe un mayor grado de acuerdo e incluso ahora una cierta urgencia, especialmente en el caso de la Comunidad Valenciana.
El Gobierno ha anunciado este viernes aprovechando la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander la inminente convocatoria para el próximo mes de enero de un Consejo de Política Fiscal y Financiera -el órgano que reúne al Gobierno con los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas de régimen común- «para impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades autónomas», según se dice en un comunicado circulado por el Palacio de la Moncloa.
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La maniobra supone reactivar un asunto que se comprometió con ERC a finales de 2023, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez; que la ministra de Hacienda se comprometió a impulsar en febrero de este año y que en los meses siguientes ha ido cayendo en el olvido ante la resistencia del Gobierno a revelar a los gobiernos autonómicos los criterios en función de los cuales se ejecutaría esa quita de deuda, en torno a la cual hay grandes incógnitas.
A la espera de conocer en enero la propuesta, la maniobra supone priorizar la negociación de la quita de deuda de las comunidades autónomas en un contexto en el que el Gobierno necesita apoyos para sacar adelante su proyecto de Presupuestos del año 2025, replicando el amago que ya hizo a principios de este año cuando aún tenía la intención de poner sobre la mesa un proyecto presupuestario para 2024, finalmente fallido.
También supone priorizar el perdón de la deuda de las comunidades autónomas antes de meterse en la peliaguda negociación de la financiación autonómica, que se prevé de alto voltaje por el tremendo condicionante que suponen las exigencias de la Generalitat. El Gobierno también ha incluido la reforma de la financiación autonómica entre sus propuestas en la Conferencia de Presidentes, pero de una forma mucho más vaga.
La nota circulada por La Moncloa habla de «acordar entre todos un nuevo modelo», pero desliza también que esa negociación entre todos deberá conciliar «la multilateralidad y la bilateralidad» que exige Cataluña. Señala también que blindará la solidaridad y garantizará que todas las comunidades autónomas reciban más recursos de los que ingresan hoy, pero sin más concreción y sin un calendario para el inicio de las negociaciones.
El Gobierno también ha planteado la reprogramación de parte de los fondos europeos de cohesión Feder y FSE+ para dar una línea adicional de ayuda a los afectados de la DANA, «una opción», dice el comunicado, «que ya contempla la normativa europea y contribuirá a reforzar las medidas adoptadas por el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat Valenciana».
El problema de la vivienda
Sánchez también ha formulado tres compromisos para abordar el problema de la vivienda. Ha aprovechado la reunión para reiterar ante los presidentes autonómicos la intención del Gobierno de blindar el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos "de forma permanente e irreversible". La medida, avanzada ya hace un mes, pretende consolidar un parque público de vivienda estatal, para el que hay muchos compromisos adquiridos pero pocas viviendas desarrolladas, hasta alcanzar la media europea del 20% del parque total.
El Gobierno también ha reiterado su compromiso de aprobar una nueva Ley del Suelo con los objetivos declarados de ofrecer más seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de modificar sus planes urbanísticos, ayude a acelerar la construcción de viviendas públicas y adapte la normativa a los retos del cambios climático.
Sánchez también ha aprovechado la ocasión para volver a instar a los gobiernos autonómicos a utilizar las herramientas que la Ley de Vivienda pone en sus manos, que, a juicio del Gobierno, "están dando buenos resultados allí donde se aplicar y están contribuyendo a reducir el precio de los alquileres".
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